Las y los servidores públicos frente al trabajo infantil en México

Save the children 

El papel de las personas servidoras públicas frente al trabajo infantil es fundamental en el marco de la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a los principios de nuestra Carta Magna, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales.

Para entender esta obligación, es primordial comprender el mandato constitucional que los obliga a promover, proteger y, sobre todo, garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en México en todas las acciones y decisiones que les competen, mediante la aplicación del principio del interés superior de la niñez como directriz primordial. Este principio les exige a priorizar e implementar todas las acciones necesarias para salvaguardar sus derechos de forma integral.

Dentro de estas acciones, tienen especial importancia el diseño e implementación de políticas públicas que aborden las causas estructurales del trabajo infantil, como pobreza, falta de acceso a la educación de calidad, carencia en los servicios de salud, discriminación, exclusión social, entre otras. Estas políticas deben contemplar medidas de prevención, protección y de restitución de derechos, así como incluir la participación activa de los sectores público, privado y social en el diseño, implementación y seguimiento, de tal forma que las acciones a ejecutarse tenga una aplicación transversal. 

En el ejercicio de sus funciones, las personas servidoras públicas tienen el deber de vigilar la efectiva aplicación de la normatividad, nacional e internacional que prohíbe el trabajo infantil, asegurando su cumplimiento y promoviendo el intercambio de las mejores prácticas. Esto necesariamente implica fortalecer las áreas de inspección laboral con mayores recursos humanos, técnicos y financieros; capacitar a los empleadores sobre el cumplimiento de obligaciones legales y, a la sociedad en general, sensibilizarla sobre las causas y consecuencias del trabajo infantil, mecanismos de denuncia y sobre todo la oferta institucional existente para disminuir el riesgo de que niñas, niños y adolescentes trabajen.

Además, tienen el reto y deber de coordinar acciones intersectoriales y multisectoriales para enfrentar el trabajo infantil de manera integral, involucrando a diferentes actores y áreas gubernamentales, como educación, salud, justicia, bienestar y trabajo, esta coordinación es indispensable para garantizar la coherencia y la eficacia de las intervenciones y maximizar los recursos disponibles.

Por otro lado, la importancia de la especialización de las y los funcionarios públicos en torno a los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) es fundamental para garantizar una adecuada protección y promoción de sus derechos, así como para enfrentar eficazmente desafíos que plantea el trabajo infantil. Esta especialización implica un profundo conocimiento y entendimiento de la normativa nacional e internacional en materia de derechos de la niñez, así como de las políticas, programas y estrategias necesarias para su implementación efectiva.

En primer lugar, es crucial reconocer que sus derechos son derechos humanos y, por lo tanto, deben ser respetados, protegidos y garantizados por el Estado como institución y de la cual las personas servidoras públicas son su representante, sin importar nivel, cargo o responsabilidades. Es en esta calidad que la ley les impone la responsabilidad legal de asegurar que todas sus acciones y decisiones gubernamentales estén alineadas con este principio fundamental. Esto requiere un enfoque integral que considere no solo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez.

Dicha especialización también implica comprender y aplicar el principio del interés superior de la niñez de forma prioritaria en toda ejecución de las facultades que las ley les otorga. Esto significa que las políticas y programas deben diseñarse, construirse y ejecutarse teniendo en cuenta las necesidades específicas y las circunstancias particulares de cada niña, niño y adolescente, con el objetivo de garantizar su desarrollo integral y su bienestar.

En el contexto del trabajo infantil, la especialización cobra una relevancia aún mayor. El trabajo infantil es una violación grave de los derechos de la niñez que afecta negativamente su salud, educación y desarrollo, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión social. Por lo tanto, las personas servidoras públicas deben estar debidamente capacitados para identificar, prevenir y erradicar esta problemática de manera efectiva y con enfoque de derechos.

Su rol frente al trabajo infantil es multifacético y abarca diversas áreas de intervención. En primer lugar, a través de promover políticas y programas que aborden las causas estructurales del trabajo infantil, como la pobreza, la falta de acceso a la educación de calidad y la discriminación. Esto implica trabajar en colaboración con otros sectores gubernamentales y la sociedad civil para implementar medidas preventivas, como programas de transferencias condicionadas de ingresos, becas escolares y acceso universal a servicios de salud y educación.

Además, las personas servidoras públicas deben fortalecer los sistemas de protección social y laboral para garantizar que las familias y comunidades más vulnerables reciban el apoyo necesario para proteger a sus hijos e hijas del trabajo infantil. Esto incluye la implementación de políticas de empleo digno para adultos, el fortalecimiento de la seguridad social y la promoción de entornos laborales seguros y saludables.

En el ámbito de la prevención, tienen la responsabilidad de sensibilizar a la sociedad en general sobre las consecuencias negativas del trabajo infantil y de promover una cultura de respeto a los derechos de la niñez. Esto puede incluir campañas de comunicación y educación pública, así como la promoción de alianzas con medios de comunicación, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

En cuanto a la detección y atención de casos de trabajo infantil, es fundamental que los equipos de inspección laboral estén debidamente especializados y capacitados para identificar situaciones de riesgo y brindar la asistencia necesaria a las víctimas. Esto implica desarrollar mecanismos de actuación claros y efectivos, así como fortalecer la cooperación entre los distintos actores involucrados, incluyendo autoridades laborales, judiciales, de protección de la infancia y organizaciones de la sociedad civil. La especialización de los equipos de inspección laboral en la detección y atención de casos de trabajo infantil es esencial para garantizar una respuesta eficaz y oportuna ante esta problemática. Esto incluye la identificación de sectores y actividades económicas de alto riesgo, la realización de inspecciones regulares en lugares de trabajo y la aplicación de sanciones a los empleadores que violen la normativa laboral en materia de trabajo infantil.

Además, los equipos de inspección laboral deben contar con mecanismos de coordinación y cooperación con otras instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, así como con recursos y capacidades suficientes para realizar su labor de manera efectiva. Esto puede implicar la asignación de presupuestos adecuados, la formación continua del personal y el establecimiento de redes de colaboración a nivel local, nacional e internacional.

En resumen, la especialización de los funcionarios públicos en derechos de niñas, niños y adolescentes es fundamental para garantizar una adecuada protección y promoción de sus derechos, así como para enfrentar eficazmente desafíos específicos que plantea el trabajo infantil. Esto requiere un enfoque integral que considere las necesidades y circunstancias particulares de la niñez, así como la implementación de políticas y programas efectivos con participación de la sociedad en su conjunto.